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TRIBUNA LIBRE
Sin financiación no hay libertad
30.04.2009 -
Joaquín Moreno Cejuela es secretario de Comunicación de FSIE

El Gobierno de Cantabria ha tomado la decisión de retirar, para el próximo curso, el concierto educativo al colegio Torrevelo de esa Comunidad. Este centro lleva muchos años escolarizando solo a niños y, hasta ahora, ha tenido una alta demanda de plazas escolares entre los padres de la zona. Posiblemente, piensen los dirigentes autonómicos que esta sea la mejor medida para iniciar la recuperación que todos demandamos en nuestro sistema educativo, tan sobrado de fracaso y de abandono escolar.

Esta decisión, que ha sido pionera en España, viene amparada por una sentencia dictada por el Tribunal Supremo, mediante la cual se permite a las comunidades autónomas retirar los conciertos educativos a los centros que no sean mixtos. No es menos cierto que el mismo Tribunal, en el año 2006 emitió un fallo en el que considera que la enseñanza diferenciada no es discriminatoria (por razón de sexo) y, por tanto, sí puede contar con la financiación pública. Todas las leyes educativas, incluida la última, la LOE, no suprimen este derecho y lo hacen en virtud de los acuerdos internacionales que España tiene suscritos, entre ellos, el de la Convención de la UNESCO de 1960. Nuestra Constitución, en su artículo 10.2, dice que: «Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce (como la educación) se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España». El recurso que ahora ha presentado el centro castigado sin concierto, cuenta con fundamento suficiente para que pueda prosperar.

Es evidente que si estos centros impartiesen una educación sexista y practicasen la discriminación entre sexos en el sentido que son rechazados por la Constitución y por los organismos internacionales, no solo habría que negarles el concierto educativo, sino que sería una ineludible responsabilidad de todos, el denunciarlos y erradicarlos de nuestro entorno democrático. Sobre esto ya se han pronunciado los tribunales en el sentido contrario. ¿Qué es, entonces, lo que ha movido a los dirigentes de la Comunidad Cántabra a tomar esta medida tan restrictiva? ¿Son ellos más respetuosos y sensibles ante la ley que el resto de Comunidades? La respuesta es clara: el imponer un modelo educativo único, movidos por principios ideológicos y políticos.

De otro modo no se entiende que la propia Consejería de Educación que dirige Dña. Rosa Eva Díaz, justifique su decisión diciendo que el centro Torrevelo «incumple gravemente muchas de las disposiciones de la legislación vigente (artículos 84.3 y 109, entre otros, de la Ley orgánica de Educación, Real decreto 2377/1985, Ley de Educación de Cantabria y artículos 14, 27.6 y 35 de la Constitución Española)». La pregunta surge espontánea: ¿Cómo es posible que hasta ahora nadie se haya dado cuenta de que todas las Comunidades estaban incumpliendo gravemente leyes orgánicas y la propia Constitución española, vigente desde 1978? ¿Los jueces permanecen impasibles ante el resto de Comunidades que ya han anunciado que seguirán «conculcando gravemente la ley» por mantener los conciertos a este tipo de centros? Evidentemente se trata de una interpretación interesada de la ley y de una aplicación política de la facultad que otorga el TS a las Comunidades. No se trata de que unas administraciones sean más 'puristas' ante la ley, sino más 'partidistas"'y, en definitiva, más 'políticas'.

Con esta medida, difícilmente se puede justificar el cumplimiento del artículo 27 de nuestra Constitución que mandata a los poderes públicos para que garanticen el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación de acuerdo a sus convicciones y a ayudar a los centros que cumplan los requisitos establecidos por la ley. En ningún caso quedan excluidos los centros que imparten enseñanza diferenciada. A nadie se le obliga a educarse de una determinada manera. La preferencia por un modelo no debe implicar la desaparición y la persecución del otro. El hecho de que una ley permita un comportamiento o una práctica, contrarios a nuestras creencias, no implica que todos los ciudadanos estemos obligados a hacer uso de ellos. ¿Acaso la ley del aborto obliga a todas las mujeres a abortar?

Los ciudadanos veremos cómo los derechos constitucionales se aplicarán discrecionalmente entre las Comunidades autónomas dependiendo del color y de las tendencias de sus dirigentes. La frontera territorial marcará el disfrute, o no, de libertades, hace tiempo conquistadas. Las preferencias ideológicas o pedagógicas de un Gobierno no pueden condicionar la concesión de los conciertos bajo el principio de que "quien paga manda". Los padres, los centros educativos y los trabajadores no pueden estar a merced de pareceres y posicionamientos políticos que siempre serán temporales y ocasionales en la administración de fondos públicos. La vieja sentencia de que "quien quiera un modelo de educación diferente del público, que se lo pague", a parte de no ser constitucional, niega a los más desfavorecidos el derecho a elegir. Los poderosos siempre lo tienen. Sin financiación no hay igualdad de oportunidades y sin igualdad, no hay libertad.

El Gobierno de Cantabria ha perdido la ocasión de liderar un movimiento a favor del respeto por las libertades, confundiendo, intencionadamente, los términos de enseñanza diferenciada con discriminatoria. El TS le faculta para tomar una decisión y ha optado por la supresión, por el recorte, y por la discriminación en virtud de su ideología política y no por el respeto de las libertades constitucionales. Una sociedad democrática queda fortalecida cuanto más se ensancha el campo de la iniciativa social, se respetan y promueven los derechos en un entorno cada vez más plural. Nunca ha dado buen resultado la mezcla ideológica entre política y educación. La única política educativa admisible es la que se basa en el respeto a la libertad de los padres al elegir el modelo que prefieren para sus hijos. Cualquier otro intento no es progreso, sino regresión.