De nuevo sobre la libertad educativa
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Jaime Rodríguez Arana (Catedrático de Derecho Administrativo)
A cabo de leer varias críticas que algunos lectores han realizado de mi artículo anterior titulado Libertad y modelos educativos. Les agradezco profundamente que las formulen y que podamos discutir y debatir sobre un tema de tanta trascendencia como es el de la libertad, en este caso, en el ámbito educativo.
Es probable que no me haya expresado adecuadamente o que no haya encontrado las palabras más claras para exponer mi punto de vista. El presupuesto del que parto es bien sencillo: los poderes públicos educativos deben, tal y como dispone la Constitución en el artículo 9.2 en general o en el 27.3 en particular, facilitar, promover que los padres puedan elegir el modelo de educación que prefieran para sus hijos. Es decir, la libertad de elección que constitucionalmente asiste a los padres reclama que los poderes públicos no reduzcan el repertorio de modelos que puedan ofertarse.
Entre esos modelos están fundamentalmente los que patrocinan la educación mixta, la educación diferenciada, o, entre otros, la educación de acuerdo con determinados valores filosóficos o religiosos. Desde luego, cuanto más variada sea la oferta, la libertad de elección será más sencilla y real. En cambio, si por alguna circunstancia ideológica se restringe la oferta, o, lo que es peor, se impone un único modelo desde la Administración educativa, entonces se estaría hurtando a los padres un derecho constitucionalmente reconocido como es el de elegir el modelo de educación de su preferencia. Esto es lo que sencillamente acontece cuando resulta que se pretende identificar, por ejemplo, a un modelo educativo, el diferenciado, con determinados valoraciones ideológicas. El poder educativo no está para discriminar opciones, sino para facilitar la libertad de elección de centro educativo y, sobre todo, para mejorar la calidad educativa, algo que hoy brilla por su ausencia.
Particularmente, no soy partidario de la educación diferenciada ni de la educación mixta, sino de la educación de calidad que transmita conocimientos a los alumnos, gusto por el pensamiento y una actitud crítica ante la vida. Simplemente deseo que quien quiera elegir educación diferenciada pueda hacerlo, al igual que también pueda ejercer su libertad quien desee para sus hijos la educación mixta. Insisto, no se trata de imponer ningún modelo, sino de facilitar que los padres puedan elegir.
Si, como ahora parece, se pretende excluir de las subvenciones, o de los conciertos, un modelo educativo, sea cual sea, se está produciendo una obvia discriminación pues se está tratando desigualmente lo que merece ser tratado de la misma manera. Si los centros de educación mixta fueran objeto de discriminación igualmente me parecería errado. Desde el poder educativo no se puede imponer ningún modelo educativo porque el poder público está al servicio objetivo de todos. Desde el poder hay que facilitar la libertad: ni más ni menos.
A cabo de leer varias críticas que algunos lectores han realizado de mi artículo anterior titulado Libertad y modelos educativos. Les agradezco profundamente que las formulen y que podamos discutir y debatir sobre un tema de tanta trascendencia como es el de la libertad, en este caso, en el ámbito educativo.
Es probable que no me haya expresado adecuadamente o que no haya encontrado las palabras más claras para exponer mi punto de vista. El presupuesto del que parto es bien sencillo: los poderes públicos educativos deben, tal y como dispone la Constitución en el artículo 9.2 en general o en el 27.3 en particular, facilitar, promover que los padres puedan elegir el modelo de educación que prefieran para sus hijos. Es decir, la libertad de elección que constitucionalmente asiste a los padres reclama que los poderes públicos no reduzcan el repertorio de modelos que puedan ofertarse.
Entre esos modelos están fundamentalmente los que patrocinan la educación mixta, la educación diferenciada, o, entre otros, la educación de acuerdo con determinados valores filosóficos o religiosos. Desde luego, cuanto más variada sea la oferta, la libertad de elección será más sencilla y real. En cambio, si por alguna circunstancia ideológica se restringe la oferta, o, lo que es peor, se impone un único modelo desde la Administración educativa, entonces se estaría hurtando a los padres un derecho constitucionalmente reconocido como es el de elegir el modelo de educación de su preferencia. Esto es lo que sencillamente acontece cuando resulta que se pretende identificar, por ejemplo, a un modelo educativo, el diferenciado, con determinados valoraciones ideológicas. El poder educativo no está para discriminar opciones, sino para facilitar la libertad de elección de centro educativo y, sobre todo, para mejorar la calidad educativa, algo que hoy brilla por su ausencia.
Particularmente, no soy partidario de la educación diferenciada ni de la educación mixta, sino de la educación de calidad que transmita conocimientos a los alumnos, gusto por el pensamiento y una actitud crítica ante la vida. Simplemente deseo que quien quiera elegir educación diferenciada pueda hacerlo, al igual que también pueda ejercer su libertad quien desee para sus hijos la educación mixta. Insisto, no se trata de imponer ningún modelo, sino de facilitar que los padres puedan elegir.
Si, como ahora parece, se pretende excluir de las subvenciones, o de los conciertos, un modelo educativo, sea cual sea, se está produciendo una obvia discriminación pues se está tratando desigualmente lo que merece ser tratado de la misma manera. Si los centros de educación mixta fueran objeto de discriminación igualmente me parecería errado. Desde el poder educativo no se puede imponer ningún modelo educativo porque el poder público está al servicio objetivo de todos. Desde el poder hay que facilitar la libertad: ni más ni menos.
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